diariolibre - 10 days ago

Si el Estado y sus instituciones no sirven a todos los ciudadanos, sino únicamente a una élite explotadora, resulta imposible alcanzar un verdadero desarrollo económico para toda la nación. Así lo plantea el Nobel de Economía Daron Acemoglu.Es oportuno recordar a este influyente autor porque su marco teórico nos ayuda a entender cómo los gobiernos anteriores sumergieron nuestro país en el atraso, producto de su falta de institucionalidad o, como diría Acemoglu, de las instituciones extractivas que apadrinaron.Estas instituciones se caracterizan por estar al servicio del poder político y económico, “extrayendo” la riqueza de la mayoría para beneficio de una minoría. Bajo este esquema no existe equidad: no se protege la propiedad privada, no hay seguridad jurídica y se desalientan tanto la inversión como la innovación.Durante lo que en otro artículo llamé la década perdida, las instituciones dominicanas fueron secuestradas por el comité político del PLD, quedando reducidas a simples instrumentos al servicio de una élite. Ese servilismo institucional solo nos encaminó a empeorar la calidad de vida de los dominicanos.El sistema judicial, que debía garantizar justicia para todos, se convirtió en un arma de impunidad. Vimos imputados que confesaban delitos y eran absueltos, mientras otros eran condenados tras ser víctimas de chantajes de un Ministerio Público que respondía a intereses políticos. Años después, muchos de esos mismos protagonistas terminaron en el banquillo de los acusados.Resulta oportuno recordar las palabras de José Francisco Peña Gómez: “Un líder no es solo quien administra un grupo humano cualquiera, sino aquel que sabe conducirlo y enderezar sus torcidas sendas”. El presidente, en estos cinco años, ha sentado las bases de instituciones inclusivas, las cuales distribuyen el poder político y económico, garantizan el respeto a los derechos, fomentan la inversión y la innovación, y aseguran la equidad social.Entre los logros más visibles se encuentra el fortalecimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), un Ministerio Público independiente que fue rápidamente apoderado de las posibles irregularidades ocurridas en el SENASA y que cuenta con la colaboración del Poder Ejecutivo para garantizar que se haga justicia al pueblo dominicano, como este merece. Es un ejemplo muy distinto al accionar de los gobiernos anteriores. También destaca el aumento en la transparencia, con un alto porcentaje de instituciones gubernamentales cumpliendo con el índice exigido por el ranking de Transparencia.En materia financiera, el gobierno ha alcanzado dos mejoras consecutivas en la calificación crediticia otorgada por agencias internacionales como Standard Poor’s y Moody’s; la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y un giro de 180 grados en las políticas públicas, reflejado en la mejora de los siguientes indicadores internacionales: Open Budget Index (OBI), Índice de Efectividad del Gobierno (Banco Mundial), Índice Global de Competitividad (WEF), Índice de Percepción de la Corrupción (Transparency International) e Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation).Estos indicadores no son meras estadísticas: son prueba de que el país pasó de estar a la cola de la región a convertirse en un referente de transparencia y competitividad. Los críticos suelen argumentar que la institucionalidad “no se come”, pero con esta institucionalidad el presidente ha logrado impulsar una de sus más importantes promesas de campaña: mejorar la calidad de vida de los dominicanos, dondequiera que residan, e impulsar el desarrollo de la infraestructura del país, tema del que hablaremos en mi siguiente artículo.

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