diariolibre - 8 hours ago

En 2014 la República Dominicana vivió uno de los episodios más complejos y malinterpretados de su historia diplomática reciente. Una convergencia de factores políticos, mediáticos y religiosos, surgidos tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana, colocó al país en el centro de una campaña internacional de descrédito. A ese entorno tenso se sumaron coincidencias que, aunque ajenas entre sí, se interpretaron erróneamente como parte de una misma ofensiva contra nuestra soberanía. Sin embargo, detrás de las presiones y confusiones hubo también gestos de respeto y prudencia diplomática que conviene rescatar y dejar documentados. La sentencia del Tribunal Constitucional y la reacción internacional Todo comenzó el 23 de septiembre de 2013, cuando el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la sentencia TC/0168/13, una decisión de gran trascendencia jurídica que reafirmó el principio de soberanía en materia de nacionalidad. El fallo precisaba que no todos los nacidos en territorio dominicano adquirían automáticamente la ciudadanía si sus padres se encontraban en situación migratoria irregular o “en tránsito”. En esencia, se trataba de una interpretación constitucional coherente con la historia legislativa dominicana desde 1929. No obstante, sectores internacionales —organismos, ONG y medios de comunicación— iniciaron de inmediato una campaña de desinformación, presentando la sentencia como un acto de despojo o de “apatridia”. Países y entidades con escaso conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico se sumaron a esa narrativa, presionando al Gobierno dominicano para revertir una decisión soberana de su más alto tribunal. En realidad, la sentencia no quitaba la nacionalidad a quienes la poseían legítimamente, sino que establecía un marco jurídico claro frente al desorden migratorio y documental que había perdurado por décadas. Ante esa oleada de críticas, el presidente Danilo Medina adoptó una respuesta equilibrada: defender la soberanía nacional, pero también buscar soluciones humanitarias. En mayo de 2014 promulgó la Ley 169-14, que estableció un plan de regularización y naturalización para personas nacidas en el país de padres extranjeros en situación irregular. La medida demostró la buena fe del Estado dominicano y su respeto por los derechos humanos, pese a la incomprensión de muchos observadores externos. El contexto internacional y las coincidencias diplomáticas En ese mismo periodo, la Unión Europea seguía con atención la evolución del Caribe y de América Latina. A mediados de julio de 2014, el entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, visitó oficialmente la República Dominicana. Era el primer alto representante de la UE en hacerlo en más de una década. Su llegada —la noche del 21 de julio— se produjo en medio de la tormenta mediática desatada por la cuestión migratoria, aunque su misión tenía otro propósito: consolidar los vínculos birregionales y firmar el Programa Indicativo Nacional 2014–2020, destinado a fortalecer la cooperación económica y social con el país. Durante esa visita, Van Rompuy sostuvo reuniones con el presidente Danilo Medina y con el mandatario haitiano Michel Martelly, en una cumbre trilateral celebrada en Punta Cana el 22 de julio. El tema migratorio estaba presente en el ambiente, pero el tono de las conversaciones fue constructivo. La Unión Europea, consciente de la complejidad del tema, evitó adoptar posiciones de confrontación y reiteró su disposición a cooperar con ambos Estados caribeños. En ese sentido, la presencia de Van Rompuy, lejos de significar censura, representó un reconocimiento a la estabilidad política y económica dominicana. Sin embargo, la coincidencia de fechas generó percepciones equívocas. Pocos meses antes, el Gobierno de Italia había decidido cerrar su embajada en Santo Domingo, dentro de un programa de racionalización de recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Los asuntos bilaterales pasaron a gestionarse desde un escritorio italiano en la Delegación de la Unión Europea en Santo Domingo, y las funciones consulares fueron trasladadas a la sede diplomática italiana en Panamá. Aunque se trataba de un asunto administrativo, la decisión fue interpretada por algunos como una reacción al fallo del Tribunal Constitucional, lo que no correspondía a la verdad. La República Dominicana, fundada en 1844 —antes incluso de la unificación italiana—, ha mantenido con Italia relaciones históricamente cordiales. Ninguna diferencia política o religiosa motivó ese se trató, simplemente, de un reajuste interno del servicio diplomático italiano. Pero la coincidencia temporal con la campaña internacional generó confusión y alimentó interpretaciones erradas. Presiones políticas y mediáticas desde los Estados Unidos En aquel momento, el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del Partido Demócrata, ejercía también una presión indirecta sobre la República Dominicana. En 2013, el presidente Barack Obama había designado como embajador en Santo Domingo a James “Wally” Brewster, un diplomático que asumió una agenda pública en defensa de los colectivos LGBTIQ+ y, al mismo tiempo, intervino con frecuencia en temas internos de carácter moral y migratorio. Su postura favorable a la regularización de los inmigrantes haitianos fue percibida por amplios sectores dominicanos como una injerencia, especialmente por el simbolismo histórico de que los presidentes demócratas de 1916 y 1965 —Woodrow Wilson y Lyndon B. Johnson— habían ordenado la invasión militar de la República Dominicana en esos años. Al mismo tiempo, desde algunos círculos diplomáticos estadounidenses se ejercían presiones sobre el Vaticano, con el propósito de disminuir la influencia del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo, quien había defendido abiertamente el derecho soberano de la nación dominicana a decidir su política migratoria. Las críticas al Cardenal fueron aprovechadas por sectores internacionales y amplificadas por la prensa liberal de América y Europa. La intervención de Vargas Llosa y la respuesta del papa Francisco El escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura y autor de La fiesta del Chivo, se sumó a esa corriente de opinión. En declaraciones reproducidas en diversos medios internacionales, pidió públicamente al Papa Francisco que destituyera al Cardenal López Rodríguez, acusándolo de posiciones “incompatibles con la doctrina social de la Iglesia”. Aquella solicitud —inusual y desproporcionada— pretendía desacreditar moralmente a la jerarquía católica dominicana y, de paso, debilitar el respaldo espiritual que mantenía la mayoría del pueblo dominicano frente a las presiones externas. La respuesta del Papa Francisco fue breve, pero de una profundidad moral incuestionable. En una conversación informal ocurrida el 23 de febrero de 2014, a la salida de una ceremonia en la Casa Santa Marta, el Santo Padre, al saludarme a mí y a mi esposa Rita, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en mi memoria: “Él es bueno”, dijo el Papa Francisco refiriéndose al Cardenal López Rodríguez. Aquella frase, sencilla y humana, fue su modo de zanjar con elegancia la campaña mediática que buscaba enfrentar al Vaticano con la Iglesia dominicana. El hecho fue publicado días después, el 26 de febrero de 2014, en el diario Listín Diario, bajo el título “El papa dice que el Cardenal es un hombre bueno”. Esa nota —documento público— registró una escena de serenidad pontificia frente a la manipulación política de los medios. En un contexto internacional convulso, la declaración del Papa tuvo el valor de un gesto diplomático silencioso: no necesitó comunicados oficiales ni desmentidos, bastó una frase para reafirmar la comunión entre Roma y Santo Domingo. Una ofensiva de confusión Así, el año 2014 quedó marcado por una sucesión de hechos que, en apariencia, conformaban una ofensiva internacional contra la República Dominicana: la campaña sobre la sentencia constitucional, la presión de organismos internacionales, la visita de Van Rompuy, el cierre de la embajada italiana, las declaraciones de Vargas Llosa y las actitudes del embajador Brewster. Pero detrás de esa aparente simultaneidad se escondía una realidad más compleja: no existía una conspiración articulada, sino una convergencia de intereses y percepciones distorsionadas que, combinadas, dieron la impresión de un aislamiento diplomático dominicano. En realidad, la República Dominicana salió fortalecida de aquella crisis. Supo explicar su posición jurídica, conservar sus relaciones internacionales y reafirmar su identidad nacional. Las leyes dominicanas siguieron su curso, el diálogo con Haití continuó, y la cooperación con Europa y el Vaticano no se interrumpió. El significado histórico A una década de aquellos hechos, resulta oportuno recordar que la soberanía nacional no se negocia ni se delega, y que toda nación tiene derecho a definir sus políticas migratorias conforme a su Constitución. Los acontecimientos de 2013 y 2014 demostraron que la República Dominicana posee instituciones capaces de resistir presiones externas sin romper el diálogo con el mundo. También evidenciaron que la diplomacia moral y la serenidad pontificia —encarnadas por el Papa Francisco en aquella frase memorable, “Él es bueno”— pueden ser más eficaces que cualquier discurso político para desmontar campañas de difamación. Hoy, cuando Europa enfrenta sus propias tensiones internas, y la relación entre soberanía y globalización vuelve a estar en debate, la experiencia dominicana de 2014 ofrece una lección válida: el respeto a las decisiones nacionales es la base de la convivencia internacional. Ninguna presión, por poderosa que sea, puede sustituir el derecho de un pueblo a decidir sobre su destino.

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